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Agentes de los mossos promueven una ola de bajas para sumarse a la huelga del 12D

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Barcelona, 7 dic (EFE).- Agentes de los Mossos d’Esquadra están impulsando una campaña para que el mayor número posible de compañeros aleguen que están enfermos para no ir a trabajar durante la huelga de funcionarios del próximo 12-D en Cataluña, a la que no pueden sumarse porque los policías no tienen ese derecho.

Esta campaña llega en un momento en el que los sindicatos de los Mossos y la plataforma MosSOS han advertido de la situación límite en que se encuentra el cuerpo por la falta de efectivos, el retraso para cobrar las pagas pendientes y la sobrecarga de trabajo.

Como fuerzas de seguridad, los Mossos no se pueden sumar a ningún tipo de huelga, por lo que oficialmente no están autorizados a participar en la que los sindicatos mayoritarios han convocado para el próximo 12 de diciembre en el sector de la función pública de Cataluña.

Ante esta situación, un grupo de agentes ha impulsado una campaña en la que, a través de chats no oficiales, están enviando una nota anónima en la que animan a sus compañeros a alegar motivos médicos para no ir a trabajar el próximo miércoles, 12 de diciembre, coincidiendo con la huelga de la función pública en Cataluña.

En la nota, a la que ha tenido acceso Efe, los impulsores reconocen que los Mossos d’Esquadra no tienen derecho a huelga, si bien indican que las últimas olas de frío “son muy peligrosas” para la salud e invitan a los agentes a hacer una “campaña de prevención” el 12 de diciembre, coincidiendo con la huelga.

“El día 12, todos en casa y no cojáis los teléfonos, compañeros”, resalta la nota, en la que los promotores de esta iniciativa, sin precedentes en la policía catalana, muestran su total apoyo a la huelga.

“El virus D-80 ataca con virulencia este año. La vacuna no ha sido proporcionada por los responsables de velar por la salud de sus trabajadores, es muy probable que esa fecha (el 12-D) un gran número de mossos se vean afectados”, advierte.

Los promotores de esta medida Entienden que se ha llegado a una “situación insostenible”, en la que en los últimos diez años no se ha aplicado ninguna mejora en sus condiciones laborales y aún siguen pendientes de cobrar una paga que les “robaron” en 2012.

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