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Banco Popular y el juicio de Bankia, protagonistas del nuevo curso judicial

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Madrid, 9 sep (EFE).- Las supuestas irregularidades en la gestión de dos entidades financieras de peso, Bankia y Banco Popular, protagonizarán el curso judicial que comienza este lunes y en el que previsiblemente concluirán investigaciones como la del exbanquero Mario Conde.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, también se esperan avances en la causa contra la excúpula de Sa Nostra por delito societario, apropiación indebida y blanqueo, a raíz de varias operaciones aprobadas “sin valoración real de los riesgos y con ausencia de elementales medidas de protección del patrimonio”, cuyo procesamiento podría llegar en los próximos meses.

De cara a la opinión pública, el juicio estrella será el de la salida a Bolsa de Bankia, que desde el próximo 26 de noviembre hasta, al menos, junio de 2019, llevará a una treintena de antiguos directivos y consejeros de la entidad a la Audiencia Nacional.

Encabeza esta nómina su expresidente Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel por estafa a los inversores y que, de confirmar el Tribunal Supremo su condena a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las tarjetas “black” de Caja Madrid, podría tener que asistir a las ochenta sesiones programadas desde el centro penitenciario.

Repetirán en el banquillo otros catorce usuarios de las tarjetas condenados por “mermar el caudal” de la extinta entidad, como el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín (que recurrió sus cuatro años de cárcel), el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el empresario Javier López Madrid.

Otros, en cambio, debutarán, como el exministro Ángel Acebes y el que fuera número dos de Bankia Francisco Verdú, que en su declaración como testigo por las “black” aseguró que en sus 30 años en banca “nunca había visto” algo así y que por eso optó por no usar la suya a pesar de las indicaciones de Rato.

Verdú se enfrenta a dos años y siete meses de cárcel que reclama el Ministerio Público, que sólo ejerce acusación contra los cuatro administradores de la entidad, incluidos su exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años) y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años).

Por su parte, acusaciones particulares y populares extienden sus peticiones hasta los doce años y medio de prisión al añadir los delitos de falsedad contable y administración desleal.

Considerado “heredero” del caso Bankia, se esperan novedades sobre el Popular, entre ellas un primer peritaje de los expertos cedidos por el Banco de España respecto a la ingente documentación.

Un informe al que aguardan expectantes defensas y acusaciones, que un año después de la admisión a trámite de las primeras querellas, siguen sin escuchar como investigados a los presidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus consejos de administración, y a la firma auditora PwC.

El carácter reservado de algunos documentos “clave” sobre la situación financiera del Popular antes de su resolución, en junio de 2017, supone otro escollo para las partes, algunas de las cuales critican el secreto de la pieza separada con información del Banco Central Europeo (BCE).

Ésta se suma a las dos ya existentes, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda, por una posible manipulación del mercado mediante noticias con datos falsos.

Atento a otro peritaje, en este caso de la Agencia Tributaria, el expresidente de Banesto Mario Conde, investigado desde hace dos años por haber repatriado de forma ilícita, presuntamente, más de 13 millones de euros desde Suiza, y que podría llegar antes febrero.

A pesar de que el fisco lo descartó en su primer informe, aún quedan por esclarecer los ocho delitos fiscales achacados en su momento.

En fase más avanzada están las supuestas operaciones irregulares de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el Caribe y que salpican a los empresarios valencianos Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, sobre quienes pesan peticiones de 22 años de cárcel.

También ojo avizor por procedimientos similares las antiguas cúpulas de Caixanova y Novacaixagalicia, así como las de dos históricas entidades levantinas, Bancaja y Banco de Valencia, a la espera de que se decrete la apertura de un juicio que haría regresar a Olivas en calidad de acusado a la Audiencia Nacional. EFE

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