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Tolerancia cero de Díaz Ayuso con cualquier imputado en la Púnica

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado. EFE/ Víctor Lerena/Archivo

El secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ha sido cesado este martes. Esto, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras ser imputado por el juez del caso Púnica. Así lo ha explicado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.

«Francisco Lobo ha sido cesado en el Consejo de Gobierno de esta mañana y ocupará su plaza de funcionario cuando y como corresponda».

Díaz Ayuso y Aguado muestran tolerancia cero con la corrupción política en Madrid

Francisco Lobo ha sido citado como investigado el próximo 17 de septiembre por el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón. El motivo no es otro que la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

En este sentido, la permanencia de Francisco Lobo como alto cargo del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso era incompatible con el acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos para conformar el Ejecutivo de coalición.

Por dicha razón, el PP y Ciudadanos se ha comprometido a mantener «tolerancia cero» con la corrupción política. Como ejemplo, se comprometen a cesar de manera inmediata a cualquier miembro o alto cargo del Gobierno «que esté siendo investigado por delitos de corrupción».

Tres millones de la sanidad madrileña se desviaron a financiar al PP

Según la investigación, la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos. Una de éstas herramientas sería la cláusula del 1%. Ello sirvió para desviar alrededor de 3 millones de la construcción de hospitales y centros de salud.

No obstante, el juez que investiga el caso ha imputado a Aguirre por haber desviado supuestamente dinero público para financiar campañas electorales del PP.

La mágica fórmula del 1% cerca la Púnica

Una de las maneras para desviar ese dinero fue una cláusula «nula» que los gobernantes del PP incluyeron en grandes contratos de obras públicas, muchos de ellos de la sanidad pública.

Dicha cláusula obligaba a la empresa adjudicataria a pagar un 1% de la cantidad total de la obra en concepto de publicidad y contratar para ello a un empresario que colaboraba con el partido para desviar el dinero, Horacio Mercado.

El magistrado cree que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008.

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