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El Gobierno apelará el fallo que declara legal la huelga en una Refinadora de Costa Rica

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San José, 6 nov (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió hoy a la Procuraduría General que apele el fallo que declaró legal la huelga de los trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contra una reforma fiscal impulsada por el Gobierno.

Alvarado envió una carta al procurador general, Julio Jurado, en la que le pide presentar un “recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia”.

Esto para “agotar todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el resguardo de los bienes públicos ante la afectación y daños ocasionados por la huelga”, indica la nota.

Según el Gobierno, la huelga, que en Recope se extendió del 10 de septiembre al 10 de octubre pasados, generó pérdidas millonarias y afectación a la economía debido a los problemas de abastecimiento y comercialización de combustibles.

La huelga en Recope fue declarada ilegal el pasado 27 de septiembre por el Juzgado de Trabajo de San José, pero este martes el Tribunal de Apelación dio la razón a una apelación del sindicato de la entidad y afirmó que el movimiento fue legal.

Entre las razones para declarar la huelga legal, el tribunal señaló que la importación de combustibles, actividad a la que se dedica Recope como monopolio, no es un servicio esencial y que no hay pruebas de que el movimiento fuera violento ni de que los huelguistas cometieran sabotajes.

Cerca del 70 por ciento de los trabajadores de Recope estuvo en huelga, ante lo que la institución aplicó planes de contingencia para mantener el suministro de combustibles lo más normal posible.

El sindicato de Recope fue uno de los que participó en la huelga sindical contra la reforma tributaria que comenzó el 10 de septiembre pasado y que aún se mantiene, pero prácticamente solo con el apoyo del gremio de educadores.

Los trabajadores de Recope llegaron a un acuerdo con la institución y levantaron la huelga el 10 de octubre pasado.

Los sindicatos creen que la reforma fiscal es regresiva y golpea a las clases medias y bajas, pero el Gobierno afirma que el 80 por ciento de los nuevos ingresos provendrán del 20 por ciento más rico de la población.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

La reforma fue aprobada en primer debate en el Congreso el pasado 5 de octubre, pero el proyecto se encuentra en estudio de la Sala Constitucional, de cuyo pronunciamiento dependerá que los diputados puedan efectuar la segunda y definitiva votación.

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