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El Gobierno controla puertos, la refineria y los aeropuertos ante la huelga en Costa Rica

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San José, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó de que tomó control con la policía de puertos, aeropuertos y de la distribución de combustible, con el fin de garantizar los servicios durante la huelga de sindicatos que empieza hoy en rechazo a una reforma tributaria.

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“Con estas acciones estamos garantizando a la ciudadanía costarricense la continuidad del suministro de combustibles, de los servicios portuarios y del tráfico en las terminales aéreas internacionales, ante el anuncio de huelga nacional”, declaró el presidente Carlos Alvarado en un comunicado.

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El Gobierno trasladó la noche del domingo personal policial y de las mismas instituciones públicas para evitar afectaciones en esos servicios esenciales.

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La noche del domingo el presidente Alvarado emitió una cadena de televisión en la que calificó la huelga como ilegal y advirtió que el Gobierno acudirá a los tribunales para que el movimiento sea declarado ilegal.

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Los sindicatos del sector público convocaron a una huelga indefinida a partir de hoy para mostrar su rechazo a la reforma tributaria que se discute en el Congreso, ya que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y particularmente a los trabajadores estatales.

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En los puertos estatales del Caribe, por donde se mueve el 85 por ciento del comercio internacional de Costa Rica, la presencia policial busca garantizar los servicios, pero como prevención el Gobierno trajo desde Panamá una nave remolcadora, así como personal panameño y también colombiano.

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En la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), monopolio de importación y distribución de hidrocarburos, la policía y personal de la misma institución están garantizando el servicio, según dijo el presidente de la entidad, Alejandro Muñoz.

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El Instituto Costarricense de Ferrocarriles anunció que hoy está brindando el servicio de tren de pasajeros de manera normal.

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En la huelga de hoy está previsto que participen sindicatos del sector educación, de la salud, de la energía, de transportes, de puertos, entre otros.

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La reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

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La iniciativa tiene tasas diferenciadas del 4 por ciento para la educación y salud privada, y del 2 por ciento para productos de la canasta básica.

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Sin embargo, la comisión que estudia la iniciativa ha aplicado cambios para exonerar la educación privada y reducir al 1 por ciento el IVA para la canasta básica.

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El proyecto, que buscar recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, especialmente pluses salariales en el sector público.

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Los sindicatos afirman que la reforma tributaria afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, mientras los empresarios acusan a esos gremios de defender “privilegios” salariales que elevan el gasto público.

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El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.

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