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El salario mínimo y las cláusulas suelo, hitos económicos del Gobierno de Rajoy

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Madrid, 1 jun (EFE).- La subida del salario mínimo, la devolución de las cláusulas suelo, la reforma del trabajo autónomo o la nueva norma de contratación pública encabezan el balance económico del Gobierno saliente de Mariano Rajoy, que ha durado menos de dos años y que ha tenido una escasa producción legislativa.

En los veinte meses de legislatura el Gobierno del PP ha conseguido también sacar adelante un presupuesto, el de 2017, y encauzar otro, el de 2018 -que está pendiente de su aprobación definitiva en el Senado-, ambos fuera del plazo establecido en la Constitución.

En el marco del diálogo social, el Gobierno ha aprobado junto al PSOE un decreto ley que incluye una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4 % para 2018 (hasta 735,9 euros) y que lo situará en 2020 en 850 euros, después de haberlo acordado previamente con patronal y sindicatos.

También ha firmado otro acuerdo con los interlocutores sociales para subir un 1 % los salarios en 2017 y reducir un 90 % la temporalidad entre el personal del sector público en tres años, al consolidar 250.000 plazas ocupadas por interinos.

Esta medida de empleo público la incorporó en los Presupuestos de 2017, junto a una rebaja del IVA para los espectáculos en directo, un complemento salarial para jóvenes de 430 euros y 5.386 millones de euros más para la financiación autonómica.

Vinculado al apoyo del PNV a las cuentas, los Gobiernos central y vasco llegaron a un acuerdo sobre el cupo, que incluía el pago por parte del Estado de 1.400 millones para resolver discrepancias desde 2007.

Por su parte, el proyecto presupuestario de 2018 prevé una mejora de las pensiones del 1,6 % -el 3 % en el caso de las mínimas-, una rebaja del IVA del cine, subida salarial para los empleados públicos, mayores inversiones y una rebaja del IRPF para las rentas más bajas.

También se ha aprobado la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, que amplía a un año la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, permite cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización o darse de baja hasta tres veces al año y mejora la conciliación y desgravaciones por manutención.

Otra ley aprobada, la de Contratos del Sector Público, avanza en la transparencia y calidad de las contrataciones de la administración, por ejemplo con la protección a subcontratistas, a los que puede pagar directamente, al tiempo que prohíbe a las grandes empresas pactar plazos de pago por encima de los legales.

En materia de finanzas, el Gobierno ha conseguido el visto bueno a la norma de Crédito Inmobiliario para reducir los gastos asociados a modificaciones en las hipotecas, y al sistema extrajudicial para reclamar lo pagado de más por las cláusulas suelo.

También ha sacado adelante varias normas para aumentar la protección de los consumidores, como la de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, o del Mercado de Valores, que prevé asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros.

Ha ampliado hasta 2020 la moratoria antidesahucios y ha garantizado el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica, en tanto que ha permitido rescatar los planes de pensiones a los diez años, además de rebajar las comisiones de gestión de estos productos.

Respecto al sistema bancario, ha reformado el régimen jurídico de las cooperativas de crédito y aprobó la deuda sénior subordinada, una nueva categoría dentro de la deuda que pueden emitir las entidades para que puedan cumplir con los requerimientos mínimos de fondos propios.

En materia de telecomunicaciones, el Gobierno ha fijado la hoja de ruta para el despliegue de la futura red móvil 5G y ha convocado ayudas para facilitar la extensión de la banda ancha, al tiempo que ha definido el nuevo bono social eléctrico y ha dado un impulso a las renovables con dos nuevas subastas de capacidad.

También ha reactivado la inversión en obra pública -en especial en las líneas de alta velocidad-, ha impulsado el Corredor Mediterráneo, ha desatascado la “Operación Chamartín” y ha diseñado planes para aprovechar los activos inmobiliarios de los aeropuertos.

Ha sacado adelante el Plan de Vivienda 2018-2021, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que se apoya en la colaboración pública privada y el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que prevé una bajadas de las tasas.

Además, ha legislado para sofocar el conflicto de los estibadores y para regular la convivencia entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

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