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Fernández Villa obtiene el alta hospitalaria, pendiente del juicio

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Oviedo, 5 jul (EFE).- El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa abandonó anoche la planta de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía ingresado desde la noche del pasado viernes,

El alta médica ha sido trasladada este mediodía a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, donde la semana pasada comenzó el juicio contra el ex líder sindical minero, acusado de un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato.

Fernández Villa fue trasladado al HUCA al término de la tercera jornada del juicio, en el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión, y sobre el que ahora el tribunal deberá decidir si continúa en el punto donde se interrumpió.

Para ello, previsiblemente el tribunal procederá a la realización de un informe médico más detallado e incluso podría reclamar un examen forense para ver si Villa está en condiciones físicas de continuar con el juicio o no en las próximas semanas, han informado fuentes judiciales.

Hay un plazo de un mes desde la suspensión del juicio para poder retomarlo y, en caso de exceder ese periodo, habría que reiniciarlo de nuevo, decisión que deberá adoptar el tribunal en función de los informes médicos.

Su situación médica obligó a suspender el juicio que se seguía contra él, aunque sí que se continuó con el procesamiento del otro acusado, Pedro Castillejo, ex secretario general de la fundación Infide, dependiente del SOMA-UGT.

El estado de salud de Fernández Villa ha sido objeto de controversia tanto en la fase de instrucción como en los días previos al inicio de la vista oral, ya que la defensa pidió su suspensión por enfermedad y por falta de memoria de su cliente.

No obstante, los forenses habían determinado que sí estaba en condiciones de declarar, pese a sufrir un deterioro cognitivo, por lo que la magistrada María Luisa Barrio declinó suspender la causa.

En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros.

Este hecho llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica.

Posteriormente, el sindicato minero presentó una querella contra su ex secretario general, que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.

Según el fiscal, este histórico dirigente sindical ejercía una “posición de dominio absoluto” en la organización donde tomaba todas las decisiones e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal” que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.

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