La Sala del Tribunal Supremo que ha aprobado la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos se reunirá este martes para «apartar» los últimos obstáculos procesales de este asunto.
Se resolverán la suspensión cautelar del decreto del Ejecutivo, que aún cuenta con tres recursos no resueltos (el de las fundaciones Franco y en Defensa del Valle y de los Benedictinos) y la aclaración solicitada por la familia Franco de un aspecto concreto de la sentencia.
Si se lleva a cabo la resolución de estos asuntos, se solventará de forma definitiva el expediente judicial, y pasará al Consejo de Ministros, permitiendo así que se pueda ejecutar su decisión.
El alto Tribunal suspendió la exhumación de Franco el pasado 10 de junio, fecha que había previsto el Ejecutivo
Y es que se presentaron varios recursos por parte de la familia del General, así como por la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
Una vez hecha pública la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que rechaza en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco, aún queda que el Supremo resuelva sobre la suspensión cautelar de los otros tres recursos.
Aunque se trata de un trámite meramente formal, las mismas fuentes han explicado que sin cumplimentarlo no se puede llevar a cabo la exhumación.
Junto a la petición de levantar la suspensión, la Sala tendrá sobre la mesa una petición de aclaración de sentencia instada por la familia Franco respecto al permiso que debe solicitarse o no al prior de la basílica que guarda los restos.
Lo previsible es que la Sala se limite a contestar que dicho asunto ya se aclaró suficientemente en su momento. Pero la Abogacía del Estado solicitó al Alto Tribunal una certificación de la sentencia, ya que en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid continúan abiertas otras diligencias relacionadas con la exhumación, como lo es la obra de levantar la losa
Desde el Gobierno en funciones sostienen que el procedimiento del juez Yusty no afecta para nada a su determinación de proceder a la exhumación una vez cuentan con el aval del Supremo.
Los servicios jurídicos del Estado se han dirigido al juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, para pedirle que «se acuerde la terminación del procedimiento» que mantiene abierto por la supuesta ilegalidad del proyecto de obra presentado por Patrimonio Nacional para sacar los restos de Franco.
Otras fuentes jurídicas recuerdan que solo el Supremo puede paralizar actos del Consejo de Ministros, y expresan su extrañeza al comprobar que la suspensión acordada por Yusty se refiera a un informe, puesto que la jurisdicción contencioso administrativa está dirigida a revisar actos administrativos y un informe no es una licencia.
