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Funcionarios salen a la calle a explicar la reforma fiscal de Costa Rica

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San José, 4 sep (EFE).- Funcionarios del Ministerio de Hacienda de Costa Rica salieron desde hoy a las calles para explicar a los ciudadanos, cara a cara, los alcances de la polémica reforma fiscal que el Gobierno impulsa en el Congreso.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Cada persona cuenta”, mediante la cual el Gobierno intenta convencer a la población acerca de la necesidad de que se aprueba la reforma tributaria para paliar el déficit fiscal y estabilizar las finanzas públicas.

“El contenido del proyecto fiscal tiene una complejidad técnica y un lenguaje que no es el cotidiano y nos interesa que las personas conozcan el contenido y de qué forma impactan su vida”, comentó a los periodistas el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza.

Esta iniciativa ha sido nombrada “Traductores fiscales” y comenzó hoy en la transitada Avenida Central (peatonal) de San José con cuatro funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda que se acercan a las personas a conversar sobre la reforma fiscal.

Los “traductores fiscales” también viajarán a todas las provincias del país.

“Hemos podido ver el interés de la ciudadanía para conocer el proyecto. Una campaña publicitaria puede tener efectos, pero creemos mucho en la comunicación persona a persona, viéndonos a los ojos”, declaró el ministro Mendoza.

La reforma fiscal de Costa Rica pretende recaudar alrededor del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en nuevos ingresos para paliar el déficit que en 2018 cerrará en el 7,1 por ciento del PIB, según las proyecciones oficiales.

El proyecto de ley, llamado “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, tiene como principal componente la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que abarca más productos y servicios.

El IVA propuesto por el Gobierno es diferenciado para productos de la canasta básica (2 por ciento) y los servicios de salud y educación privados (4 por ciento).

Sin embargo, la Comisión legislativa que estudia el proyecto exoneró los productos de la canasta básica y los servicios educativos, lo que rebajó la proyección de recaudación a apenas el 1,12 por ciento del PIB.

El Gobierno negocia con los partidos en la búsqueda de restablecer el plan o acordar un texto lo más parecido posible al original.

La reforma también incluye modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como componentes para la contención del gasto público.

El déficit fiscal y la deuda cercana al 50 por ciento del PIB, han sido señalados por el Gobierno y diversos organismos internacionales como grandes amenazas para la estabilidad económica de Costa Rica que deben ser atendidas con urgencia.

Los sindicatos han anunciado una huelga general para el 10 de septiembre en rechazo a la reforma tributaria, que consideran afectará con severidad a las clases medias y bajas.

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