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Huelguistas en Costa Rica llevan lucha contra la reforma fiscal al Poder Judicial

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San José, 8 oct (EFE).- Los grupos sindicales en huelga desde el pasado 10 de septiembre en Costa Rica en rechazo a la reforma fiscal trasladaron hoy su lucha al Poder Judicial para exigir que la iniciativa tributaria se declare inconstitucional.

Luego de que el pasado viernes el Congreso aprobara en primer debate la reforma fiscal, los huelguistas decidieron concentrarse hoy en la Plaza de la Justicia, situada frente a los edificios del Poder Judicial, en la capital costarricense.

La jornada estuvo marcada por la poca concurrencia de manifestantes, aunque los sindicatos aseguran que en diversas regiones del país hoy hubo actividades y reuniones de los trabajadores en huelga.

El movimiento, que en sus inicios exigía el retiro de la reforma fiscal del Congreso y la redacción de un nuevo texto con propuestas sindicales, ha ido perdiendo fuerza con el pasar de los días y sobre todo con la votación legislativa del pasado viernes.

El sábado los dos principales sindicatos del sector salud llegaron a un acuerdo con el Gobierno y depusieron el movimiento, por lo que el gran apoyo que mantiene la huelga es el de los sindicatos de la educación, los más numerosos del país.

A lo largo de la huelga cerca del 70 por ciento del personal educativo se unió al movimiento y solo la mitad de los centros escolares abrieron, pero con diversos grados de afectación.

Los trabajadores cumplen hoy 29 días de huelga y exigen al Poder Judicial que declare inconstitucional la reforma, tanto por procedimiento como por fondo, así lo dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

“Estamos aquí en las afueras del Poder Judicial porque la lucha se traslada a la Sala Constitucional. Muchos consideramos que la tramitación del combo fiscal estuvo plagada de irregularidades y arbitrariedades de procedimiento y que por el fondo también tiene serios problemas de inconstitucionalidad”, afirmó Vargas a Efe.

El líder sindical aseguró que el movimiento es “histórico” y se mantiene “muy fuerte” y criticó al presidente del país, Carlos Alvarado, del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana, por pasarse al bando “neoliberal”.

“No hay punto de encuentro con el Gobierno. La gente votó por Alvarado creyendo en otra cosa. Esto es una estafa política. Carlos Alvarado renegó de los principios y valores de su partido y adoptó el recetario macroeconómico neoliberal típico de los organismos financieros internacionales”, afirmó Vargas.

El líder sindical aseguró que la reforma tributaria afectará más a las clases medias y bajas y dará beneficios a los sectores ricos y las empresas.

“Nos oponemos a que sea la clase trabajadora la que pague la deuda. Este combo fiscal está lleno de impuestos, de eliminación de derechos para lo que queda de la clase media y los sectores populares, mientras los sectores del gran capital, ganadores del modelo neoliberal, no solo incrementan sus ganancias sino que les permiten seguir robando impuestos”, aseveró.

El Congreso aprobó la reforma el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de dos votaciones necesarias.

El proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa.

Según el Gobierno, la reforma busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado de 7,1 por ciento del PIB para 2018.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

El Gobierno asegura que el 80 por ciento de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20 por ciento de la población de mayores ingresos.

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