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Plan de austeridad marca el primer mes de Alvarado en el Gobierno de Costa Rica

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San José, 7 jun (EFE).- Un plan de austeridad en el gasto público, que va desde contención de aumentos salariales y reducción de pluses hasta la cancelación de contratos de televisión por cable, ha marcado el primer mes de Carlos Alvarado al frente del Gobierno de Costa Rica.

En la campaña Alvarado no se cansó de insistir en la necesidad de trabajar en la reducción del déficit fiscal, que en 2017 cerró en el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y de contener la deuda, que ese año fue de casi el 50 por ciento del PIB.

El mandatario puso su prioridad en este tema desde la primera semana en el cargo, cuando sostuvo reuniones con cada una de las bancadas políticas representadas en el Congreso, con el fin de explorar vías para el avance de una reforma tributaria que los diputados discuten desde hace más de dos años.

La respuesta de la mayoría de los partidos de oposición fue contundente: reconocieron la urgencia de tramitar una reforma tributaria, pero defendieron su derecho a enmendarla, y además exigieron al Ejecutivo un plan de contención de gasto como señal de compromiso.

Alvarado cumplirá un mes en el cargo este 8 de junio y ya puso las cartas sobre la mesa de los diputados, pues la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó el plan de austeridad el 30 de mayo, unido a la alerta de que el país necesita nuevos ingresos y que se le ha agotado el margen de maniobra.

El paquete de medidas de contención ahorraría cerca de un punto del PIB y según Aguilar se trata de “un paso en la dirección correcta, hacia la consolidación de las finanzas públicas”.

Entre las acciones de contención se destacan que los incrementos salariales del sector público serán por una suma fija; no habrá incremento en el monto que se paga por anualidades, al igual que en otros pluses salariales como carrera profesional.

El Gobierno establecerá una nueva escala para reducir el pago por dedicación exclusiva para nuevos funcionarios, bajará en un 50 por ciento el pago de horas extra y también un 50 por ciento el presupuesto para actos protocolarios y sociales, con excepción de Casa Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otras medidas son la de utilizar un máximo del 25 por ciento de las plazas vacantes en el sector público, que el 10 por ciento de los empleados haga teletrabajo y la renegociación de convenciones colectivas.

El Gobierno también trasladará parte de los superávit presupuestarios de algunas instituciones estatales a la amortización de la deuda, y no gastará dinero en nuevos alquileres de edificios ni renovará contratados de televisión por cable o satélite en las instituciones.

El presidente Alvarado también ha ordenado congelar los salarios de los altos funcionarios del Gobierno y reducir el salario de los gerentes de los bancos del Estado.

Diversos economistas han aplaudido estas medidas y la oposición política las ha tomado con positivismo, aunque las consideran insuficientes, y han anunciado que el presupuesto del 2019, que el Gobierno debe presentar al Congreso en agosto, será un punto clave para determinar el avance en la aprobación de un reforma tributaria.

Los sindicatos ha mostrado su descontento porque consideran que los trabajadores del sector público no son los responsables del déficit y han anunciado que planean protestas y huelgas.

“Preferimos pensar que estamos más cerca de evitar una crisis”, dijo a Efe la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, al ser preguntada acerca del riesgo que corre Costa Rica de sufrir una crisis económica.

Aguilar afirmó que las medidas de contención del gasto y la anuencia de la oposición a discutir la reforma fiscal son buenas señales para que Costa Rica recupere confianza ante las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial han emitido sendos comunicados respaldando el plan de austeridad, pero han insistido en la urgencia de avanzar con la reforma tributaria llamada Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La reforma tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios.

Esta iniciativa también contiene modificaciones al impuesto sobre la renta, la renta de capital, una regla fiscal para contener el gasto y acciones relacionadas a pluses salariales.

El presidente Alvarado estableció como meta reducir en tres puntos del PIB el déficit fiscal para el año 2022, cuando termine su gestión de cuatro años.

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