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El Gobierno ve viable un pacto social para llevar a cabo una reforma laboral

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Madrid, 13 jun (EFE).- El Gobierno ve viable lograr un acuerdo con los interlocutores sociales para consensuar una nueva reforma del mercado de trabajo que “retoque” varios puntos de la actual legislación, logrando incluso consenso político.

Doce días después de llegar a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy la primera reunión de diálogo social con los líderes de patronal y sindicatos, encuentro en el que ha participado también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha señalado que ve posible lograr un acuerdo social y político que modifique puntos esenciales del estatuto de los trabajadores, pese a que es consciente “del lugar que ocupa” el Gobierno por la “aritmética parlamentaria”.

Los agentes sociales han planteado al Gobierno en la reunión los pormenores del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que están pactando, y que supondrá un incremento salarial para los tres próximos años “de en torno” al 2 %, más un 1 % adicional, con un salario mínimo de 1.000 euros por convenio y una cláusula de garantía.

La ministra ha dado prácticamente por cerrado el acuerdo, y ha asegurado que el presidente del Gobierno está “muy contento” porque “es muy favorable y bueno” para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores actuales y los ingresos de la Seguridad Social.

También ha considerado que el acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 850 euros mensuales en 2020 “fue muy positivo”, y ha confiado en que el acuerdo “llegue a buen puerto”, con un incremento para los sueldos más bajos que implique mayor cotización.

No obstante, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha dicho que tendrán una reunión en los próximos días para ver hasta qué punto habrá un acuerdo final, pero “la intención es positiva”.

Mientras, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han considerado que el “hipotético” acuerdo está “cercano pero no cerrado”.

Este acuerdo entre patronal y sindicatos contendrá otros asuntos para los que los agentes sociales buscan un consenso tripartito con el Gobierno, ha dicho la ministra.

Dichos temas versan sobre la necesidad de alcanzar un nuevo modelo de formación, aprovechar las posibilidades de las mutuas y abordar cambios en la legislación laboral como la subcontratación, la ultraactividad y la prevalencia de los convenios, el contrato relevo y la flexibilidad en caso de un expediente de regulación de empleo (ERE).

También quieren trabajar en medidas para evitar el exceso de temporalidad, que Valerio ha considerado “un problema grave y endémico”, así como en el fraude en la contratación a tiempo parcial o los falsos autónomos, para lo que quiere reforzar la inspección de trabajo y de Seguridad Social con mayores recursos humanos y materiales.

La ministra de Trabajo también se ha comprometido a atajar la economía sumergida que supone “competencia desleal”, los riesgos laborales y trabajar por la igualdad de género, con medidas para mejorar la conciliación, la racionalización de horarios y la incorporación o reinserción de la mujer al mercado laboral.

Desde la patronal, el presidente de la Cepyme, Antonio Garamendi, se ha mostrado favorable a “mejorar” la legislación laboral actual, pero no a derogar la reforma que aprobó el Gobierno del PP en 2012, mientras que los sindicatos apuestan por avanzar hacia un modelo más inclusivo y democrático.

En materia de pensiones, Valerio ha indicado que los agentes sociales están de acuerdo en adoptar medidas para incrementar los ingresos del sistema y “racionalizar y reordenar los gastos”, algo para lo que también espera contar con acuerdo parlamentario.

El Gobierno estudia incrementar los ingresos del sistema vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el impuesto a las entidades financieras, con la tasa google o incluso “con imposición general”, ha dicho.

Ha añadido también que las reducciones de cuotas y las tarifas planas suponen una merma de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Gobierno está estudiando llevar a cabo transferencias del Estado al sistema de pensiones para compensar esa pérdida de recaudación.

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